EL CAMPO INVISIBLE - FORO NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Reproducimos una entrevista publicada en Revista23 hecha a Miriam Bruno, coordinadora nacional del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonaf).

26-03-2009 / Es la cara oculta del conflicto chacarero. El Fonaf agrupa a 180 mil pequeños productores, pero no integra la Mesa de Enlace. Sus críticas a la Federación Agraria, la “derrota” de la 125 y las deudas del Gobierno: “Necesitamos una reforma agraria en serio”, dicen.

Por Franco Mizrahi

"Nosotros somos más del 50 por ciento del campo, el campo que no se ve, el que no se considera, el que produce en el 13 por ciento de la tierra del país y al que la Mesa de Enlace no representa”, afirma con vehemencia Miriam Bruno, coordinadora nacional del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonaf). Según los números que maneja la organización, de los 250 mil pequeños productores del país –que según el censo del 2002 son el 80 por ciento de los emprendimientos agropecuarios de la Argentina–, 180 mil están ligados directa o indirectamente con este foro a través de 1.200 organizaciones distribuidas en 21 provincias. Ellos son la carne de cañón de este conflicto que mantiene en vilo al país hace un año. Todos dicen representarlos pero, según denuncian, en la práctica ninguno lo hace. Por eso se postulan como una mesa de diálogo alternativa.

Son, dicen, el campo invisible. Nancy Rodríguez tiene 31 años, es delegada del Fonaf por la mesa nacional de Catamarca y forma parte de una cooperativa de artesanos integrada por once familias: “Hay una familia que tiene seis hectáreas y nos provee de material. Plantamos maíz y zapallo plomo. Producimos para el mercado y para autoconsumo. En total somos 32 adultos y cinco niños de entre 5 y 6 años”. Entre ellas esta su hija, Rocío, que la ayuda con las artesanías en estas tierras que están veinte kilómetros al sur de Santa María. “Nuestro ingreso mensual es de 500 a 600 pesos por familia, está todo muy duro. Pero no estoy de acuerdo con la Mesa de Enlace. El año pasado apoyamos a la Federación Agraria, fuimos a cortar las calles en apoyo a las retenciones segmentadas. Después nos dimos cuenta de que la FAA defiende al pequeño, pero que produce de mil hectáreas para arriba. Y nosotros estamos lejísimo de eso”, explica.

“El agricultor familiar –según Bruno– es aquel que produce con la familia, en un ámbito que cuida el medio ambiente, con una producción diversa y cuyo ingreso proviene de sus tierras. Es una forma de vida. Esta concepción es tan abarcativa que contempla a quienes producen para subsistir y a los que tienen hasta tres empleados y producen por mes el equivalente a 14 canastas básicas.”

El Fonaf nació en el 2004 como espacio de encuentro de organizaciones. Fue a través de una propuesta de la Cancillería que quería reunirlas para definir políticas para la agricultura familiar en el marco del Mercosur. Hoy funciona como órgano impulsor de políticas para el sector, en cogestión con el Estado que aporta, según la coordinadora, unos 300 mil pesos para que pueda desarrollarse. El Foro se adjudica como un triunfo la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.

La mayoría de los agricultores familiares recibe ayuda estatal, que varía según la categorización en la que se encuentre: van desde subsidios hasta créditos con tasas bajas. “Es muy difícil la convivencia de estos dos mundos”, agrega la coordinadora nacional del Fonaf. Dentro de esta definición genérica se encuentran incluidos pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros y productores familiares. Una multitud a la que, hasta ahora, se la mantenía alejada del foco del conflicto chacarero.

“Se habla del campo, de los pequeños productores, pero nadie nos consulta. Lo ilógico es que somos enunciados en los dos lados pero nosotros tenemos presencia propia, no necesitamos intermediarios. Le dijimos a Eduardo Buzzi cuando empezó el conflicto que la agricultura familiar debía ser enunciada y nombrada por nosotros y no por aquellos que dicen que nos representan. Lo mismo le hicimos saber a Débora Giorgi”, explica Bruno.

–¿Quieren ser una alternativa a la Mesa de Enlace?

–No queremos ser. Somos la alternativa. El “campo” del que se habla en los medios es el de la lógica de la explotación y sojización. Se siguen defendiendo los derechos de los grandes. Se les quieren reducir las retenciones a los grandes que fueron los primeros en recibir la ayuda por la emergencia agropecuaria. Para la Mesa de Enlace nosotros somos el chiquitaje, necesario para que cuando se corte la ruta podamos llevar a los compañeros. Pero no somos importantes para definir las políticas, para eso tienen que estar los grandes señores.

–¿Están a favor de las retenciones segmentadas?

–Sí, sin ninguna duda. No estamos de acuerdo con las retenciones cero para todos. Queremos varios cambios en el país: la reforma agraria –que no vendrá pronto– y otro modelo de producción y de comercialización.

–¿Y cuál es su relación con el Gobierno?

–Construimos herramientas juntos. La respuesta a la pobreza la tenemos los que la padecemos. Pero no somos partidarios. Queremos que nos respeten. Y eso también lo tiene que entender el Gobierno.

–¿Por qué?

–Veníamos avanzando en la Secretaría de Agricultura, pero con la apertura del Ministerio de Producción los recursos deben pasar por otro estamento. Creemos que debe existir ese ministerio, pero nosotros deberíamos pasar de subsecretaría a secretaría. Si bien tuvimos reuniones con los asesores de Giorgi, nunca nos reunimos con ella. Nosotros les planteamos: si se juntan con el campo, ¿por qué no estamos nosotros?

Marcelo Ibáñez (40) hace décadas que trabaja la tierra. Es catamarqueño, reside en el departamento de Santa Rosa, en Alijilán. Dejó la producción tabacalera para probar suerte con la vitícola y con las hortalizas. Tiene nueve hectáreas que trabaja con su esposa y con un empleado, hace cinco años. “Esto va a empezar a dar ingresos recién dentro de cinco años más. Yo trato de sobrevivir con las hortalizas y un sueldo que cobro por trabajar en el Ministerio de Educación provincial”, cuenta. En cuanto a la propuesta que le hizo el Gobierno a la Mesa de Enlace tiempo atrás, afirmó: “No entiendo por qué no la aceptaron. Estoy de acuerdo con las retenciones móviles segmentadas. Al pequeño productor le convienen”.

El conflicto de la Fonaf con la Federación Agraria tiene larga data. El mismo Foro nació en el 2004 como una iniciativa de la FAA y hasta el día de hoy tiene miembros de esa organización en la comisión ejecutiva. Pero el vínculo se resquebrajó cuando comenzó el conflicto por la resolución 125. Hasta entonces el Fonaf tenía sus oficinas en la sede de FAA. Ahora atiende en la CTA. “En algún momento iba a llegar esta división”, explica la coordinadora nacional. Y agrega: “El viraje de la FAA hacia la Mesa de Enlace fue por la presión de la región pampeana, donde está el eje fuerte de la Federación. Quieren ser un grande. Ellos querían federar a todo el que se sumara al Foro, es decir que todo sea FAA. Nosotros pudimos resistirlo, consideramos que ese no era el camino. En el Foro construimos políticas y no afiliados”.

Según el documento del Fonaf, que realizó junto al Estado entre mayo de 2006 y octubre de 2008, la producción por hectárea es 53 por ciento mayor en el promedio de los pequeños productores que en los que no lo son, y su valor bruto estimado de producción representa el 19,2 por ciento del valor generado por el total de las explotaciones agropecuarias.

Entre estas productoras se encuentra Josefa Ortega, delegada de la mesa ejecutiva por el NOA,

jujeña y federada. Su situación es una clara muestra de las pujas internas que se dan en el seno de la FAA: se siente representada por su organización y por Eduardo Buzzi, pero no por la Mesa de Enlace, “amén de que nuestra organización esté ahí. Queremos que se diferencie el conflicto del NOA de las problemáticas que tienen en la zona pampeana. El conflicto no nos toca en cuanto a los agronegocios”, explica.

Ortega vive en el departamento Tumbacya, de la localidad de La Dársena, junto a cien familias que trabajan en una extensión de ocho kilómetros a la vera de la ruta, donde tienen entre una y diez hectáreas. “Producimos yacón y frutas variadas a las que les damos valor agregado: dulces y jaleas. También tenemos producción de ganado vacuno y caprino”, explica Ortega. Como los medios de transporte son muy caros, vende lo que puede. Anualmente junta de 3.000 a 3.500 pesos. “Vendemos en función de lo que necesitamos. Nuestro día comienza cuando aclara y culmina cuando oscurece. La lucha que tenemos en el interior es diferente a la de la pampa húmeda. Aquí peleamos por la tierra”, explica.

Por su parte, Osvaldo Arano (51) arrienda 200 hectáreas de tierra en la Pampa de Olaen, en Córdoba. Son 30 mil hectáreas administradas por el gobierno provincial. Todo lo recaudado va a obras de beneficencia. “Estoy pagando 8 kilos la hectárea –explica–. En este lugar hay un animal cada 6 o 7 hectáreas. Ahora estoy plantando hortalizas para vender. Estoy sobreviviendo en el campo.” Arano es otro desencantado de la FAA: “Yo estuve afiliado a Federación hasta que comenzó el conflicto por la 125. A mí me perjudicó y a algunos directores no les gustó lo que les decía. No me veo identificado con la Mesa de Enlace ni con la FAA. Nunca han ido a favor del pequeño productor, siempre a favor del medio para arriba. Ojo, tampoco me siento una fuerza de choque del Gobierno. Yo voy a estar con el que defienda la agricultura familiar”.

En la misma sintonía, Bruno agrega: “La FAA defiende en su mayoría a los ‘pequeños productores’ que tienen mil hectáreas. Ni Alfredo De Ángeli es pequeño productor. No se asemeja ni un poco”.

–¿Cómo analiza la postura de la oposición, que se muestra cerca de los reclamos del campo?

–Que no entiende nada de este sector. Ellos reconocen que el campo es la Mesa de Enlace. En este conflicto hubo mucha plata de parte de la oposición. Los piqueteros estuvieron no más de una semana en las rutas porque no había plata que sostuviera esa movida. En este caso van a poder estar cortadas por mucho tiempo porque la plata siempre aparece. Cada corte implica mínimo mil pesos de sostenimiento, de comida y logística. No es barato hacer un corte. Son otros intereses económicos a los que les interesa hacer el corte. Y no los intereses de que haya una verdadera política agropecuaria.

–¿Cree que hay un ánimo destituyente?

–A esta altura, creo que sí. Cuando se pide por la soja, la Mesa de Enlace pide por los pequeños y medianos productores. Pero cuando se negocian medidas para ellos, como fueron las retenciones móviles segmentadas, no se aceptó. Ni una ni la otra cosa conseguimos. Lo que se festejó, nosotros los pequeños lo sufrimos.