A partir del 11 de marzo de 2008, precisamente de la mano del conflicto generado alrededor de la Resolución 125 sobre retenciones móviles – se ha puesto sobre la mesa, la discusión en torno a la cuestión de la redistribución de la riqueza, que en el fondo es la discusión de que modelo de país queremos. ¿Queremos un país más justo, igualitario y equitativo o queremos un país donde puedan vivir bien solo unos pocos?. Podemos decir que el Estado Nacional, a través de sus tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha comenzado a reconocer públicamente la existencia de históricas desigualdades, y el gobierno nacional ha empezado a hacerse cargo del tema y a tomar medidas para modificar esa situación. Por eso la resolución 125 del Ministerio de Economía de la Nación y sus modificaciones en el Congreso, apuntaron directamente a gravar la renta extraordinaria del sector agroexportador concentrado que está conformado por un pequeño pero muy poderoso grupo de empresarios asociados a otros sectores subordinados a ellos.
Sin duda, las desigualdades a las que hacemos referencia no son producto de la fantasía de un historiador o de un periodista trasnochado. Cualquier persona puede buscar esos datos y comprobará que actualmente más del 50% de las tierras de nuestra Argentina están siendo controladas por solamente el 2% de los productores y el 66% de los productores familiares posee apenas el 13,5% (Censo Nacional Agropecuario 2002). Pero estas desigualdades no nacieron hace pocos años. Fueron creadas hace mucho tiempo y aumentadas a través de los años por aquellas corporaciones que concentrando en sus manos los recursos económicos como la tierra, el capital y la tecnología, y que solo se preocupan por su propio beneficio persuadiendo a los demás sectores del indispensable retiro del Estado Nacional, desoyendo las necesidades de todos aquellos sectores desfavorecidos por el sistema de mercado.
Desde hace treinta años estas corporaciones, en forma ininterrumpida han contado con el apoyo de la mayoría de los grandes medios de comunicación, que como claramente pudimos observar durante el último conflicto agropecuario, han manipulado constantemente a la opinión pública para lograr el mantenimiento de estas relaciones asimétricas de poder. Para ejemplificar lo dicho -sorprendentemente-, el año pasado, un sector mayoritario de la clase media, cayó en esa trampa mediática, pensando que apoyaba a todo “el campo”, o peor aun a los pequeños y “sacrificados chacareros”, en realidad salió a apoyar a un sector minoritario del campo argentino, el que no quería pagar los derechos de exportación, evadía a la autoridad fiscal y mantienen las más altas tasas de trabajo no registrado, intereses que obviamente no representan a los de la clase trabajadora. Nos preguntamos si, esas concentraciones de Rosario y Palermo, hubieran sido multitudinarias, si las personas que asistieron hubieran sabido que “la Mesa de Enlace” que se presenta como representante “del campo”, correspondía solamente al sector que más ganó en los últimos años en el país, hecho que puede comprobarse no solo por sus 4x4 último modelo, sino por los márgenes económicos publicados por algunos diarios y revistas especializadas. Solamente y según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, solamente declararon estar agremiados el 4,67% de los productores agropecuarios del país, negando dicha situación el 95.33 % restante de los productores. Hubieran asistido si quienes representaban a los chacareros estaban ganando en esos momentos – descontando todos los gastos y retenciones del momento- entre $43.000 y $85.000.000 por mes en una sola cosecha; hubieran apoyado esos reclamos si hubieran reflexionado sobre el justo objetivo del cobro de las retenciones, ya que generan ingresos genuinos para nuestro país (educación salud, seguridad, infraestructura y vivienda) y no “caja para el gobierno” como les han hecho creer.
Sin duda creemos es obligación del Estado modificar las condiciones de desigualdad en que se encuentra la población. Si realizamos un recorrido histórico, a partir de la crisis del 29, vemos que en nuestro país, los distintos gobiernos, ante la necesidad de una intervención más fuerte por parte del Estado, fueron creando diversas herramientas para regular en un sentido u otro la producción agropecuaria y la distribución de la riqueza generada dentro del país. Las primeras fueron las Juntas Reguladoras, como la de Granos y la de Carnes creadas en 1933. Posteriormente absorbidas, en 1946, por el Instituto Argentino para Promoción del Intercambio –I.A.P.I.-, creado con la finalidad de centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía, estimulando la industrialización y garantizando la satisfacción de la demanda local. El I.A.P.I. poseía múltiples competencias (comerciales, financieras, reguladoras, de promoción, de garante, etc.) que además fueron acompañadas por un conjunto de políticas agropecuarias en pos de la redistribución del ingreso. Entre esas medidas regulatorias para el sector podemos nombrar: el estatuto del peón rural, que permitió el acceso a los beneficios sociales (como la jubilación y la obra social), el congelamiento de los arrendamientos rurales (que permitió al chacarero arrendatario acceder a la propiedad de la tierra); el desarrollo de infraestructura de acopio y transporte- política indispensable para el abastecimiento alimentario y el comercio internacional- y diversos subsidios y precios sostén para las producciones de las economías regionales.
El conjunto de estas medidas fueron disueltas, en 1955, por el golpe de Estado ejecutado por la autodenominada “Revolución Libertadora”, impulsada y financiada por una coalición cívica-militar integrada por un sector de las Fuerzas Armadas, la Sociedad Rural Argentina, la alta cúpula de la Iglesia Católica, la U.C.R. y el Partido Socialista, entre otros grupos menores, que habían sido derrotados en las elecciones de 1952 por Juan Domingo Perón, impulsor de dichas medidas. Es llamativo comprobar como muchos de estos actores hoy intentan jugar una oposición similar, defendiendo intereses similares, encabezados por la “mesa de enlace”. Tiempo después en 1963, durante el gobierno de Arturo Illía, se recrea la Junta Nacional de Granos –cuya función principal fue la fijación de precios y el establecimiento de cupos de exportación para granos y subproductos. Pero, desafortunadamente, estas medidas fueron completamente desarticuladas. Primero con el golpe militar de 1976, donde el Estado impone a sangre y fuego un proceso de desregulación de los mercados, que tiene su continuidad con la radicalización del liberalismo en la década de los ’90, época en que se disuelve la JNC y la JNG de la mano del ex presidente Carlos Menem, su ministro de economía Domingo Felipe Cavallo y su secretario de agricultura Felipe Solá. Quienes siguiendo los mandatos del Consenso de Washington, generaron las condiciones que llevaron a la Argentina a la crisis económica interna, acelerada por el gobierno de la Alianza de los años 1999-2001.
La vedette de la Mesa de Enlace: la soja
Como es sabido, la Argentina fue históricamente y continúa siendo un país proveedor de alimentos al mundo, por ejemplo: carnes, leche, cereales, miel, fruta fresca y aceites, todos ellos también, alimentos básicos para el consumo interno masivo, y concentradas sus producciones en la región pampeana. Se trata de producciones fundamentalmente pampeanas. En las regiones extrapampeanas en cambio se producen algunos de los denominados cultivos industriales orientados fundamentalmente hacia el mercado interno: caña de azúcar, algodón, yerba mate, verduras para conservas, frutales y uva y sus derivados entre muchos otros. Todos ellos tanto para el consumo interno y la exportación. Podemos aseverar que la Argentina, con sus amplias extensiones, diversidad de climas y ecosistemas, tiene el beneficio de poder autoabastecerse de casi la totalidad de los alimentos que consume su población, a bajos precios. Situación que se encuentra en crisis si continúa el avance indiscriminado de un solo cultivo, la soja, sobre la superficie destinada a todos los otros. En estos momentos la soja ya está ocupando el 52 % de la superficie agrícola del país y se exporta el 95 % de la producción nacional, pues como se sabe, es un producto de escaso consumo por nuestra población. También es digno de mención que los alimentos que consumimos son –como lo fueron históricamente –producidos fundamentalmente por pequeños y medianos productores quienes constituyen -en términos comparativos el sector mayoritario de los productores de alimentos para el consumo nacional.
Si bien la soja recién se introduce en la país a mediados de los ’70, ya en la década del ’80, es notable la ampliación de la superficie cultivada con esta oleaginosa provocada por el crecimiento sostenido de su precio internacional.
Su cultivo se ha extendido hacia el norte, oeste y sur del país, produciendo - al utilizar agroquímicos que provocan severos daños ambientales como el herbicida altamente tóxico conocido comercialmente como Round-up - y alteraciones irreversibles en el medio ambiente al corto plazo: inundaciones y sequías por la destrucción de bosques y selvas (impulsada por la alta rentabilidad del cultivo), eliminación de flora y faunas autóctonas, contaminación de napas de aguas e incluso provocando daños a la salud humana como cáncer y mal formaciones en recién nacidos en poblaciones cercanas a los cultivos de soja. En la década de los 90 se agravó esta situación, ya que se favorece el monocultivo de soja al permitir la introducción de semillas de soja RR (roundup ready), genéticamente modificadas, patentadas por la empresa transnacional Monsanto. Desde la introducción de la soja muchas explotaciones agropecuarias pequeñas fueron compradas, arrendadas o desalojadas violentamente por capitales sojeros, de origen industrial y financiero, profundizando una negativa tendencia histórica, iniciada en 1960, de desaparición de las producciones familiares al ser absorbidas por explotaciones empresarias cada vez más grandes, con la consiguiente migración de los campesinos pobres a los cordones urbanos . Por nombrar solo algunos ejemplos, en las provincias de Bs. As y Santa Fe, por el avance indiscriminado de la soja se han perdido, durante los últimos 20 años, más del 50% de los tambos y se ha desplazado a la ganadería para carne, hacia las zonas más áridas de nuestro país. Este proceso fue dinamizado y acelerado por la presencia de capitales concentrados de origen financiero nacional e internacional, conocidos como “pooles de siembra” que convirtieron a la mayoría de los medianos y pequeños productores en arrendatarios de sus campos, provocando la desaparición de muchos productores familiares, como señaláramos antes, sobretodo de aquellos que producían la mayoría de los alimentos que los argentinos consumimos diariamente. Esta situación está sin duda, poniendo, en peligro la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra población. Cuanto más crezca la superficie de soja más se achicarán los cultivos de maíz, verduras, frutas, carnes, leche, algodón entre otros, encareciendo sus precios. Sin duda a lo largo de la historia, el tema de la redistribución de la riqueza y el posicionamiento de la producción agropecuaria ha sido motivo de numerosos enfrentamientos, ya que en general las intenciones son desde el vamos contrapuestas: en un lado se ubican los que especulan, los que sólo defienden su ganancia corporativa, del otro lado, aquellos que defienden la función económico-social de la tierra, los que la consideran parte del ambiente, productora de los alimentos esenciales para la vida y dinamizadora de la economía en su conjunto.
El rol de las retenciones en la redistribución de la Riqueza
No podemos negar que la derogación de la Resolución 125 y sus modificaciones significó una derrota política para el gobierno, como bien se ocuparon de difundir los medios de comunicación y , aunque los titulares no lo hayan reflejado, una considerable perdida económica para los pequeños productores y los habitantes del ámbito rural. Incluso, hoy día -en medio de esta crisis no buscada- estarían mucho mejor, si se hubiera aprobado. Con los precios internacionales actuales las retenciones móviles se encontrarían por debajo del 30% ( Fig. 1) y gracias al voto no positivo del vicepresidente opositor en funciones hoy son de 35%.
Figura 1 : Tributo a la exportación para soja y girasol de acuerdo al proyecto de Ley de retenciones móviles y sus 17 modificatorias.
Ha quedado claramente al descubierto que la mayoría de los empresarios del agro, acompañados y abanderados por los grupos económicos que tienen en su poder los medios de comunicación, el control de las finanzas, el comercio exterior y los bienes de producción, siguen defendiendo a ultranza las políticas propuestas por Martínez de Hoz. Siguen descalificando bajo el slogan: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”, a las leyes impositivas “redistributivas” y a cualquier otra medida popular que apunte especialmente a una mejor distribución de los ingresos. Las retenciones móviles son simplemente herramientas que como tal deben ser juzgadas en función de los objetivos a los que apunta. En este caso puntual su objetivo estaba bien claro: lograr una mejor redistribución del ingreso “extraordinario” durante períodos de precios internacionales “extraordinarios” y limitar la expansión del cultivo a fin de que no impacte negativamente sobre el bienestar de las sociedades locales sobre el medio ambiente y sobre el precio de los alimentos que consumimos en el país, colocando a estos fuera del alcance de los sectores de menos ingresos. La resolución 125 no legislaba solamente sobre retenciones, contemplaba además, un paquete de compensaciones impositivas dirigidas especialmente a los pequeños productores incluidos los de soja y girasol y la implementación de un régimen destinado a compensar el transporte desde el lugar de producción hasta su destino final, cuando esos cereales son producidos en las provincias extrapampeanas. También se creaba un fondo de redistribución social - compuesto por los fondos recaudados en concepto de derechos de exportación, que fue pensado para financiar la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud, la construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos o rurales, la construcción, reparación, mejora o mantenimiento de caminos rurales y el fortalecimiento de la agricultura familiar. Como todos sabemos la Resolución 125 con sus modificatorias no fue aprobada por la Cámara de Senadores gracias a los votos del Duhaldismo, del Radicalismo, del Macrismo, del Socialismo de Binner y Giustiniani, de Rodriguez Saa, de Menem, de la Coalición Cívica, de las fuerzas conservadoras provinciales, y logicamente del voto no positivo de Cobos.
De todos modos este revés en el Congreso, no impidió que el Ejecutivo siguiera trabajando para implementar medidas de diversa índole que muchas de ellas ya han sido puestas en marcha, por ejemplo: la efectivización de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, con un presupuesto de $350.000.000, un plan de engorde del terneros overos para tambos, la reducción de un 50 % en retenciones a la exportación de frutas y verduras y rebajas adicionales, segmentadas según tamaño del productor y condicionadas a la evolución de la producción, y la disminución a las retenciones sobre los cultivos de trigo y maíz. Es evidente que medidas como éstas apuntan a una redistribución del ingreso más eficaz, ya que buscan precisamente la recomposición de ingresos en aquellas actividades agropecuarias cuya continuidad productiva se ve más amenazada y de algún modo, apuestan a un modelo alternativo al monocultivo de la soja. Al mismo tiempo se ha fortalece al Foro de la Agricultura Familiar, entidad que representa a la mayoría de los pequeños productores y a aquellos de pueblos originarios, facilitando crédito y tecnología para la producción de ganadería bovina y caprina y la regularización con el monotributo social. Además desde el 2004 hasta la actualidad se promueve desde el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) la investigación para la pequeña agricultura familiar y la capacitación para los más pobres del campo y productores de alimentos en áreas periurbanas.
Es verdad que estas medidas no resuelven en su totalidad ni complejidad todos los problemas del agro, sin embargo son pasos necesarios y anteriores a muchos otros que se deben dar en función de una política integral agropecuaria, que no sólo asegure su continuidad productiva, sino el fortalecimiento del mercado interno con alimentos variados y a precios accesibles y que garantice la seguridad y la soberanía alimentaria del conjunto de la población de nuestro país. Aunque en estos momentos debido a la crisis internacional que también nos golpea, no parezca importante hablar de retenciones mas allá del pedido de derogación, es necesario invitar a reflexionar a toda la población para que comprenda las decisiones del Estado Nacional: las retenciones a las exportaciones son una herramienta más de política económica para corregir las asimetrías y equilibrar los precios internos. Hoy día, sobre todo después de haber vivido la -a nuestro juicio, mal llamada- “Crisis del campo”, estamos sin duda aún inmersos en el mismo conflicto, producto del encuentro de intereses contrapuestos. Con el fin de “repensar” juntos nuestro país, reconocemos que -afortunadamente- se comienza a dejar en descubierto cuestiones vitales que exceden el tema agropecuario, tales como: la tenencia de la tierra y su función social, la seguridad y soberanía alimentaria, la preservación de los recursos naturales y culturales, la manipulación de la información por parte de los concentrados medios masivos de comunicación, la falta de educación adecuada sobre el tema en todos los niveles y la escasez de infraestructura para una mejor comunicación (transportes, caminos, red ferroviaria, etc.). Todos esos temas no deben ser dejados de lado, es más, merecen ser tratados y financiados, si en serio queremos lograr entre todos, un desarrollo socioeconómico justo y equitativo. El sector agropecuario es parte inseparable de la construcción de nuestra Nación. Es necesario que el Estado Nacional, junto a toda la ciudadanía y especialmente junto a todos los diversos sectores interesados, promueva la investigación y la educación, planifique, regule y brinde las condiciones necesarias para hacer posible y viable su desarrollo integral y equilibrado. Es necesario hacer un cambio fundamental en la concepción del acto productivo. Hay que tener en cuenta la sustentabilidad económica, social y ambiental de un esquema diversificado, que además supere la centralidad del actual modelo pampeano de producción. Debemos implementar un modelo que mire más allá del monocultivo, que no se encuentre determinado por las decisiones del mercado y sepa defender el núcleo duro de una propuesta inclusiva y justa, que integre en un mismo pueblo al campo y la ciudad.
Grupo de Estudios Agrarios 125
